El BOE public\u00f3 el pasado 14 de noviembre una pol\u00e9mica sentencia que modifica el art\u00edculo 92.8 del C\u00f3digo Civil, relativo a los requisitos para acordar a guarda y custodia compartida cuando no sea solicitada de mutuo acuerdo. Hasta ahora ven\u00eda exigi\u00e9ndose el informe \u201cfavorable\u201d del Ministerio Fiscal, lo que en la pr\u00e1ctica le otorgaba un poder de veto sobre la adopci\u00f3n de esta medida sin acuerdo de los progenitores.<\/p>\n
El Tribunal Constitucional ha estimado la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad planteada por la Secci\u00f3n Quinta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria y ha considerado que la exigencia de contar con informe favorable del Ministerio P\u00fablico es contraria a los art\u00edculos 24 y 117.3 de la Constituci\u00f3n. As\u00ed, el Alto Tribunal ha declarado contrario a la constituci\u00f3n el inciso “favorable” del art\u00edculo citado del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n
La sentencia resulta muy pol\u00e9mica por las posibles consecuencias. Se reduce un el control del Ministerio Fiscal, quien debe velar sobre todo por el inter\u00e9s de los\u00a0 menores, de una decisi\u00f3n tan potencialmente conflictiva como es la custodia compartida no pactada. Por otro lado, resulta muy inquietante la posici\u00f3n que el Tribunal Constitucional otorga al Ministerio Fiscal. En este sentido se pronuncia el voto particular de cuatro magistrados.<\/p>\n