La contrataci\u00f3n de servicios cada vez se articula de manera m\u00e1s impersonal. La negociaci\u00f3n entre empresa y consumidor se sustituye por la firma, a veces incluso la grabaci\u00f3n de voz, de contratos que recogen una serie de condiciones generales. \u00c9stas son comunicadas al cliente que necesariamente debe declarar conocerlas y as\u00ed se entiende prestado su consentimiento.<\/p>\n
Esta forma impersonal de contrataci\u00f3n contin\u00faa, y se acent\u00faa, en el caso de que existan desacuerdos respecto al cumplimiento de las obligaciones por cada una de las partes. El consumidor normalmente inicia una reclamaci\u00f3n que se ve entorpecida por la dificultad de identificar el responsable en la compa\u00f1\u00eda con la que contrat\u00f3 el servicio. Comienza de esta manera un proceso de investigaci\u00f3n por el consumidor de la estructura org\u00e1nica de la compa\u00f1\u00eda y, en el mejor de los casos, tras identificar el servicio responsable, obtiene un n\u00famero de incidencia que guarda c\u00f3mo t\u00edtulo ejecutivo. Las acciones posteriores del consumidor, y especialmente, la valoraci\u00f3n de iniciar acciones judiciales est\u00e1 en funci\u00f3n de la cuant\u00eda que se reclame, los costes de iniciar una acci\u00f3n judicial y la duraci\u00f3n de los procedimientos judiciales. El resultado es que no hay incentivos a continuar con la reclamaci\u00f3n y normalmente el consumidor cambiar\u00e1 de compa\u00f1\u00eda como compensaci\u00f3n indirecta.<\/p>\n
En el caso de las empresas los incentivos son distintos para recuperar estas deudas, en buena parte de los casos, de reducida cuant\u00eda. Los costes de iniciar una acci\u00f3n judicial son similares a los del consumidor. Sin embargo, junto a la reclamaci\u00f3n judicial tienen como alternativa la existencia de mecanismos que tienen un efecto disuasorio similar o mayor que la posible condena en sentencia judicial. Se trata de la inscripci\u00f3n de los deudores en ficheros de morosos que son utilizados por las empresas en su actividad econ\u00f3mica. La credibilidad de esta amenaza se deriva de las consecuencias negativas que tiene para los consumidores su inclusi\u00f3n en estos registros y el desconocimiento de su funcionamiento.<\/p>\n
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Esta posibilidad de las empresas se convierte adem\u00e1s en un negocio que reporta beneficios econ\u00f3micos. Se trata del sector de las agencias de recobro. Resulta frecuente la opci\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas de prestaci\u00f3n de servicios delegar o vender la deuda contra\u00edda por sus clientes, en lo que constituye la culminaci\u00f3n del proceso de impersonalizar la relaci\u00f3n jur\u00eddica inicial.<\/p>\n
El negocio jur\u00eddico que vincula al titular del cr\u00e9dito con este tipo de agencias se suele articular a trav\u00e9s de dos v\u00edas: bien por representaci\u00f3n del acreedor inicial a trav\u00e9s de un poder notarial, recibiendo como contraprestaci\u00f3n un porcentaje de lo cobrado; o bien, y de forma m\u00e1s habitual, a trav\u00e9s de un contrato de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito, regulado en los arts.1526 y ss del C\u00f3digo Civil. As\u00ed, se produce la transferencia de la titularidad activa del cr\u00e9dito del acreedor actual (cedente) al nuevo acreedor (cesionario), sin que sea necesaria la intervenci\u00f3n del deudor para la validez del contrato. De forma coloquial, se podr\u00eda entender como una especie de \u201cventa\u201d del cr\u00e9dito.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo funcionan estas entidades de cobro de cr\u00e9ditos?<\/strong> Pues bien, en primer lugar es importante destacar la ausencia de regulaci\u00f3n legal en nuestro pa\u00eds, lo que genera un marco de inseguridad acentuado por la diversidad de pr\u00e1cticas para \u201cincentivar\u201d el pago de la deuda. De esta manera, es frecuente que se utilicen medidas de presi\u00f3n para lograr el cobro de la deuda, tales como las llamada o comunicaciones escritas constantes, el anuncio de iniciar acciones judiciales (juicios monitorios) o la inclusi\u00f3n en ficheros de morosidad, entre otros. Muchas son las dudas que surgen en torno a la legalidad de este tipo de pr\u00e1cticas, y cu\u00e1les son los remedios a disposici\u00f3n del particular para ponerles fin, siendo uno de los aspectos m\u00e1s controvertidos el relativo a la inclusi\u00f3n de los deudores en los ficheros de morosidad. Para entender el motivo resulta necesario hacer una peque\u00f1a referencia al funcionamiento de estos ficheros: una vez incluido el particular, las entidades participantes consultar\u00e1n el fichero antes de conceder financiaci\u00f3n o contraer obligaciones cuyo pago sea aplazado o peri\u00f3dico, denegando la contrataci\u00f3n si los datos del interesado constan inscritos, lo que supone un perjuicio muy grave para los deudores inscritos indebidamente.<\/p>\n Es por ello que la deuda, para ser incluida, ha de cumplir una serie de requisitos contenidos en el art.38 del RD 1720\/2007 de desarrollo de la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal<\/strong>. A saber:<\/p>\n -Ha de tratarse de una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada<\/strong>, sin que exista importe m\u00ednimo para que la deuda pueda ser comunicada. En este sentido se pronuncia la STS 672\/2014 de 19 de noviembre<\/u><\/strong>: la inclusi\u00f3n de los datos personales de un deudor como consecuencia de una deuda de peque\u00f1a cuant\u00eda, siempre que se cumplan los requisitos de calidad de los datos y haya existido un previo requerimiento de pago, es congruente con la finalidad de los ficheros de solvencia patrimonial y con las previsiones de otras normas jur\u00eddicas, y es un instrumento \u00fatil para prevenir el sobreendeudamiento de los consumidores.<\/p>\n -Que la deuda no tenga una antig\u00fcedad superior a seis a\u00f1os<\/strong>, pues si se supera ese plazo ha de ser eliminada del fichero aunque no haya sido pagada.<\/p>\n -Que se haya efectuado un requerimiento previo de pago<\/strong> al deudor.<\/p>\n La STS 13\/2013, de 29 de enero<\/u><\/strong> , realiza algunas declaraciones generales sobre esta cuesti\u00f3n, al declarar que la LOPD \u00ab… descansa en principios de prudencia, ponderaci\u00f3n y sobre todo, de veracidad, de modo que los datos objeto de tratamiento deben ser aut\u00e9nticos, exactos, veraces y deben estar siempre actualizados, y por ello el interesado tiene derecho a ser informado de los mismos y a obtener la oportuna rectificaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n en caso de error o inexactitud, y en cuanto a obligaciones dinerarias se refiere, la deuda debe ser adem\u00e1s de vencida y exigible, cierta, es decir, inequ\u00edvoca, indudable, siendo necesario adem\u00e1s el previo requerimiento de pago; por tanto no cabe inclusi\u00f3n de deudas inciertas, dudosas, no pac\u00edficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza \u00bb.<\/p>\n Ahora bien, \u00bfQu\u00e9 remedios existen ante la inclusi\u00f3n indebida en ficheros de este tipo?<\/strong> Debe saber que ello puede dar lugar a una indemnizaci\u00f3n en concepto de los da\u00f1os y perjuicios sufridos. Para el ejercicio de la acci\u00f3n indemnizatoria se dispone fundamentalmente de dos v\u00edas que pueden y, por lo general, suelen, accionarse de forma conjunta: por un lado, la lesi\u00f3n del derecho al honor<\/strong>, regulado en la Ley Org\u00e1nica 1\/1982, de 5 de mayo, de protecci\u00f3n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LO 1\/1982); y, por otro, la exigencia de responsabilidad civil extracontractual<\/strong>, si se hubiesen producido da\u00f1os de naturaleza patrimonial (art. 1902 del C\u00f3digo Civil). Nuestros Tribunales vienen entendiendo que la falta de veracidad en la inscripci\u00f3n de una deuda en un fichero de informaci\u00f3n sobre insolvencia supone una intromisi\u00f3n en el derecho al honor. De esta forma, la STS 284\/2009 de 24 de abril<\/u><\/strong> , sienta como doctrina jurisprudencial que la inclusi\u00f3n indebida en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor de la persona cuyos datos son incluidos en el fichero, por la valoraci\u00f3n social negativa de las personas incluidas en estos registros y porque la imputaci\u00f3n de ser “moroso” lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta a su propia estimaci\u00f3n .En el mismo sentido, la STS 672\/2014 de 19 de noviembre<\/u><\/strong> reconoce el derecho de los afectados a ser indemnizados por los da\u00f1os morales y materiales que hayan sufrido como consecuencia de la indebida inclusi\u00f3n de sus datos personales en un registro de morosos y la vulneraci\u00f3n del derecho al honor que tal inclusi\u00f3n haya provocado.<\/p>\n Por lo que respecta a la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os materiales ex art.1902 CC, no basta con invocar da\u00f1os meramente posibles sino que estos han de ser reales y efectivos, siendo exigible la prueba de la lesi\u00f3n sufrida. Es por ello que la jurisprudencia es m\u00e1s reacia a su concesi\u00f3n.<\/p>\n As\u00ed las cosas, podemos ver que existen distintas alternativas jur\u00eddicas al alcance de los particulares que permiten defender sus derechos. El particular o empresario que se haya visto involucrado en una de las situaciones descritas anteriormente no deber\u00eda obviar la posibilidad de explorar estas v\u00edas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La contrataci\u00f3n de servicios cada vez se articula de manera m\u00e1s impersonal. 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