Los litigios derivados de la venta masiva preferentes y deuda subordinada están inundando los juzgados. Los mecanismos arbitrales que se han puesto en marcha apenas han conseguido reducir la ingente carga de trabajo que soportan, de manera creciente, los juzgados de toda España.
En ese contexto, la vía penal, que podría suponer una solución global para multitud de afectados, no acaba de definirse.
El pasado mes de diciembre conocíamos la decisión de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional de estimar un recurso de la fiscalía contra la decisión de admitir una querella contra Bankia por la comercialización de preferentes. La decisión, fundada principalmente en una discutible aplicación de la irretroactividad de la norma penal, cierra una de las puertas a la incorporación de la comercialización de las preferentes a la causa principal contra Bankia y sus directivos.
De otro lado, hemos conocido también recientemente una SJPI_7_Santander. En ella, el juez, además de estimare la nulidad de una venta de participaciones preferentes a una persona previamente declarada incapaz, acuerda deducir testimonio contra los reponsables de Liberbank por un posible delito de estafa.